Escribe Liliana Olivero, diputada provincial (mc) por Izquierda Socialista/FIT Unidad y referente de la izquierda
El 25 de Mayo, una importante movilización recorrió los alrededores del Cabildo, lugar donde Milei realizó el discurso de conmemoración de la Revolución de Mayo.
La movilización, convocada por las CGT, las CTA, el sindicalismo combativo y la izquierda a la que sumaron sectores independientes fue una expresión más del repudio al gobierno nacional. La jornada ya se preveía que iba a ser importante. Desde el viernes 24, puentes, plazas y balcones eran decoradas con banderas que decían: “Milei culiadazo”, expresión cordobesa que se popularizó como muestra de ese repudio. Es que en la provincia donde más votos sacó la bronca contra las violentas políticas de ajuste y las provocaciones de un presidente que se vanagloria de estar realizando el mayor ajuste de la historia viene creciendo día a día.
La concentración comenzó en la esquina de Colón y General Paz donde las centrales hicieron un acto. Luego, desde el espacio independiente que nuclea a los sindicatos de combativos como la UEPC capital, junto a partidos de izquierda y organizaciones sociales, nos dirigimos a uno de los accesos al Cabildo, donde, pacíficamente teníamos previsto hacer el acto. En ese marco, la policía de Llaryora, arremetió con una violenta represión, con gases, balas de goma y golpes, y que terminó con dos mujeres, una de ellas docente jubilada, detenidas, que luego fueron liberadas frente a la concentración que se trasladó a los tribunales.
El acto reflejó no solo el repudio a Milei, sino también a Llaryora, bautizado por nuestra legisladora Noelia Agüero como “el sexto perro de Milei”. El gobernador peronista demostró una vez más, ser uno de los principales aliados del gobierno nacional y ejecutor de sus políticas de ajuste en la provincia. Tan así fue que hasta dispuso a la policía para reprimir el acto de la columna independiente.
La importancia de la acción que se dio en los alrededores del Cabildo, contrastó con la flaqueza de la convocatoria de Milei, que el tan anunciado Pacto de Mayo terminó en un acto semivacío y sin los gobernadores.
Escribe Liliana Olivero, precandidata a diputada nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad
El 23 de julio son las elecciones municipales en la ciudad de Córdoba. El PJ las despegó de las provinciales, cuyos resultados dejaron a la vista la baja participación del electorado y una diferencia mínima entre el peronismo cordobés y Juntos por el Cambio.
Con la misma política de ajuste y endeudamiento que utilizaron para la campaña peronista de Llaryora, actual intendente y gobernador electo, el PJ utilizó fondos públicos para montar una multimillonaria campaña pagada con plata de los cordobeses, como lo denunciamos a través de nuestra concejala Laura Cubas. Así instalaron la candidatura de Daniel Passerini, actual viceintendente, para la intendencia.
Esos fondos y el despilfarro en obras no prioritarias se deberían haber invertido en mejorar los servicios públicos como calles intransitables, pésimo alumbrado público, desbordes cloacales y/o falta de ellas en centenares de barrios; en terminar con un servicio de transporte caro y deficitario manejado por empresas privadas para que pase al sector público bajo control de sus trabajadores y usuarios; plata para abastecer de insumos a los centros de salud, o para salarios dignos para los equipos de salud y del conjunto de las y los municipales junto al pase a planta de los seis mil precarizados (entre ellos los chalecos celestes). Todas las propuestas que sostenemos desde Izquierda Socialista/FIT Unidad.
La gestión de Llaryora y Passerini ha avanzado, además, en obras de destrucción ambiental, en beneficio del desarrollismo urbano. Nuestra banca se ha hecho eco del reclamo de los vecinos en defensa de la preservación, la ampliación y la creación de reservas naturales y ecológicas para cuidar lo poco que nos queda de bosque nativo.
También se postula la oposición patronal de Juntos por el Cambio, con el radical De Loredo, espacio que ya gobernó en una de las peores gestiones que recuerden los capitalinos, por el despilfarro de recursos, la falta de obra pública y los escándalos con el transporte público.
Son las dos caras de la misma política de privatización, saqueo, ajuste y represión. En el Concejo no hay grieta entre peronistas y radicales: destinaron millones a contrataciones de artistas y empresas de espectáculos privadas para eventos públicos; aprobaron el “narco-test” (test para candidatos) cuando no combaten el narcotráfico o llevan en sus listas candidatos envueltos en escándalos por este tema; o pretenden entregarle a la Iglesia católica terrenos fiscales en los que podrían construirse viviendas populares, refugios para personas en situación de calle o mujeres en situación de violencia. Estos partidos patronales están a la espera de aprobar la criminalización de la protesta social, al estilo de Jujuy, de crear e imponer fuerzas represivas municipales o de echar mano de cualquier otro proyecto en contra de las mayorías populares y a favor del empresariado rico.
Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad nos opusimos y denunciamos públicamente estos manejos, proponiendo proyectos que den solución a las graves problemáticas que atraviesa nuestra ciudad en lo económico, en la infraestructura y servicios, en lo ambiental, entre otras. Junto a un plan económico alternativo provincial y nacional que invierta las prioridades para atender a las verdaderas necesidades del pueblo trabajador y sectores populares.
Por eso este 23 de julio vamos por la renovación de la banca con Laura Vilches (PTS) intendenta, Laura Cubas (Izquierda Socialista) concejala.
Escribe Noelia Agüero, legisladora Izquierda Socialista/FIT Unidad
El 25 de junio se vota a gobernador y a legisladores provinciales. El Frente de Izquierda Unidad viene impulsando una campaña para que gobierne la izquierda junto a las y los trabajadores, como único camino para salir de la terrible crisis a la que nos llevó el peronismo y todas las variantes patronales.
La crisis económica, social y política recorre el país y la provincia de Córdoba. Alberto, Massa y Cristina vienen aplicando un feroz ajuste y miles se decepcionan con el peronismo. La tremenda crisis del Frente de Todos es cada vez más evidente. A esto se suma la enorme crisis que atraviesa la otra alianza patronal, Juntos por el Cambio, que hace tiempo viene con una interna feroz entre Bulrrich y Larreta, ahora la disputa se incrementó con el llamado de este último a integrar a Scharetti, gobernador de la provincia y principal competidor de Juez y Juntos por el Cambio por la gobernación.
Llaryora, candidato de Schiaretti, miente descaradamente prometiendo solucionar los problemas de inseguridad y combatir el narcotráfico, aumentar los salarios o resolver los problemas ambientales, cuando estos males son producto de un cuarto de siglo de gobierno del PJ cordobés. Frente al desgaste ahora le cambian el nombre a “Hacemos Unidos por Córdoba”, integrando intendentes radicales y hasta el presidente de PRO de Córdoba. Incluso la candidata a la vicegobernación es una dirigenta radical.
Estos cambios de equipo, este “panquequismo político” como dice Liliana Olivero, muestra que se diferencian para la tribuna, pero internamente acuerdan con todo el plan de ajuste. Por eso hoy están de un lado y mañana del otro. Por eso Schiaretti quiere sumarse a la interna de Juntos por el Cambio.
Estos últimos, con Luis Juez, no representan una alternativa para el pueblo trabajador y los sectores populares. Plantean más ajuste y represión, y tienen como agravante el antecedente de haber sido una de las peores gestiones de la capital cordobesa. Ni hablar cuando fueron gobierno nacional con Macri.
Sin duda son lo mismo. Todos gobernaron, aplicando un ajuste salarial y jubilatorio, avanzando en la precarización laboral, en la destrucción ambiental y demás males sociales, pero con todo tipo de beneficios y privilegios para los grandes grupos empresarios. Mientras tanto sostienen la corrupción y la impunidad de sus funcionarios.
Solo el Frente de Izquierda escapa a la responsabilidad de esta crisis; porque no gobernó y porque fue impulsor y acompañante de todas las luchas que han recorrido nuestra provincia, como la de la Salud, la rebelión docente, los trabajadores petroquímicos despedidos por Atanor, o el reciente conflicto en la multinacional Coca Cola. Por eso planteamos que es hora de que gobierne la izquierda y las y los trabajadores. Porque para salir de esta crisis hacen falta medidas de fondo que solo levanta el FIT Unidad.
Junto a Liliana Olivero venimos recorriendo la provincia, llevando nuestras propuestas. Denunciamos la estafa de la millonaria deuda externa provincial que someterá al pueblo trabajador a la indigencia por décadas. Planteamos el no pago de esta deuda provincial junto a la inmediata ruptura y el no pago al FMI.
Con la suspensión de los pagos de la deuda, la quita de los beneficios impositivos a los grandes empresarios y una reforma tributaria para que pague más quien más tiene, se podrá avanzar en atender las verdaderas necesidades de las y los trabajadores, las mujeres y disidencias y la juventud, partiendo de un aumento de salarios y jubilaciones de emergencia, que igualen el costo de la canasta familiar; un plan de viviendas populares que de trabajo genuino y resuelva el problema habitacional; el pase a planta de las y los contratados y terminar con la precarización que tanto afecta a nuestra juventud.
Por eso, el 25 de junio votá Liliana Olivero gobernadora. Te invitamos a sumarte a la campaña y ayudarnos a fiscalizar para cuidar tu voto.
PTS e Izquierda Socialista presentarán este miércoles 7 de junio a las 15 horas en la sede del Club Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772-CABA, las principales candidaturas de la lista que han conformado para las PASO en el FIT Unidad que acompañarán la fórmula presidencial integrada por Myriam Bregman y Nicolás del Caño.
Estarán presentes Rubén "Pollo" Sobrero, pre candidato a Gobernador por la provincia de Buenos Aires (Secretario General de la combativa Unión Ferroviaria Oeste y referente nacional del sindicalismo combativo) y Jorge Adaro, a Jefe de Gobierno de CABA (Secretario Gremial del combativo sindicato docente Ademys).
Mónica Schlotthauer, dirigente ferroviaria del Sarmiento, es pre candidata a diputada nacional por Provincia de Buenos Aires junto a Juan Carlos Giordano, pre candidato al mismo cargo, y Graciela Calderón, dirigenta opositora docente de Suteba La Matanza, va como pre candidata a senadora nacional por dicho distrito,
En CABA también integran las listas por parte de Izquierda Socialista, Mercedes Trimarchi (pre candidata a legisladora porteña y dirigente de la agrupación de Mujeres Isadora) y Mercedes de Mendieta, pre candidata a diputada nacional.
Juan Carlos Giordano, señaló: "Desde Izquierda Socialista junto a PTS presentamos esta lista con grandes luchadoras y luchadores en todo el país. Vamos a la campaña electoral diciendo que, con el peronismo, el macrismo y el liberfacho de Milei habrá más ajuste y saqueo y que solo el Frente de Izquierda postula romper los lazos con el FMI dejando de pagar la deuda externa para usar ese dinero en salario, trabajo, salud, educación y vivienda”.
Giordano finalizó: “Esta lista que hemos conformado entre Izquierda Socialista y PTS, dos de los tres partidos fundadores del FIT Unidad, es la que respeta los acuerdos a diferencia de la lista divisionista de PO y MST con Solano-Ripoll que lamentablemente han obligado a tener que dirimir las candidaturas del Frente de Izquierda en las PASO”.
Contacto
Diputado Giordano: 11 3119-3003 @GiordanoGringo
Rubén "Pollo" Sobrero: 11 6422-6661
Jorge Adaro: 11 5809-1182
Prensa de Izquierda Socialista: 11 6054-0129
1. Propuestas para mejorar la seguridad.
Los males sociales son consecuencia de años de políticas de abandono, una decisión de todos los que han gobernado ha sido hundir en la pobreza y la indigencia a millones mientras en el país y en la provincia el empresariado rico, las multinacionales y los amigos del poder se enriquecen y se asume la agenda impuesta por el FMI donde se paga la fraudulenta, ilegal e inmoral deuda externa. O como en el caso de Córdoba que tiene una deuda externa pública millonaria y en dólares con organismos internacionales (BID, CAF, BIRF, etc.); dinero que podría destinarse a satisfacer las necesidades no cubiertas de amplios sectores de la población de nuestra provincia.
Los candidatos de los partidos tradicionales pretenden abordar la inseguridad sumando móviles policiales, armamento y cantidad de agentes. Atacan los efectos de un enrome problema, pero no las causas. Miles de jóvenes sufren día a día la exclusión, la falta de oportunidades, de trabajo, educación y salud dignos. De esa manera caen fácilmente en las garras de las grandes organizaciones delictivas. Ahí encontramos las causas principales de la inseguridad.
Por eso desde nuestro Frente proponemos planes de trabajo genuino, con derechos laborales garantizados y salarios que cubran como mínimo la canasta familiar, salud, educación y esparcimiento artístico y cultural. Urgente aumento de salarios, jubilaciones, planes sociales y mejora de condiciones de vida para los trabajadores ocupados y desocupados.
Por otro lado, debemos promover la auto-organización de los vecinos para protegerse del delito(alarmas comunitarias u otros mecanismos elaborados por la ciudadanía y decididos por la vecindad). El código de faltas, la ley de trata y del narcomenudeo sólo sirven para criminalizar la pobreza y la juventud, consolidar el poder de las mafias de la trata de personas y la droga. Sólo se detiene a los jóvenes por su apariencia, a las trabajadoras sexuales y los consumidores de droga, pero ninguna mafia ha sido desbaratada.
Es fundamental desmantelar los entramados de los grandes mafiosos que actúan en connivencia con la policía, miembros de la justicia y funcionarios políticos. También planteamos el inmediato desmantelamiento del aparato policial (cuya forma de organizarse y sus métodos provienen de la Dictadura) y la elección directa del Comisario con el voto popular, tratándose de un cargo renovable y revocable ante incumplimientos.
Los Derechos Humanos garantizan la dignidad de la población, estos gobiernos han tenido políticas en el sentido contrario, de destrucción del trabajo, el salario, la vivienda, la educación y el esparcimiento. En nombre del combate al crimen militarizan los barrios y coartan un derecho básico como es el de circulación aplicando el Código de Faltas. Por eso proponemos su anulación como la de cualquier otra normativa represiva que intente criminalizar la protesta social.
El narcotráfico es parte de la red de corrupción de este sistema capitalista contra el cual luchamos todos los días. Los gobiernos nacional y provincial son responsables de esta situación por las tremendas condiciones de vida a las que nos han sometido.
Desde el FIT-Unidad planteamos que es urgente romper la cadena de complicidad entre el poder político, el poder judicial y las fuerzas de seguridad junto con algunos empresarios que lo utilizan para enriquecerse en el marco de que el narcotráfico es el mayor negocio ilegal rentable del mundo.
Para ello hay que perseguir a los verdaderos narcotraficantes, desmantelar sus redes, encarcelarlos y expropiarles todos sus bienes. Y dejar de “confundir” el narcotráfico con el narcomenudeo que ejercen los sectores más empobrecidos de nuestra provincia.
Planteamos, además, la legalización de las drogas para quitarles el negocio a estos “empresarios” mafiosos.
Es urgente la implementación de centros de tratamiento para el consumo problemático con especial atención de estas temáticas en la educación pública. Para esto es necesario asignar presupuesto a la salud pública para la atención de todas estas problemáticas, principalmente generando verdaderas políticas de prevención.
Han sido años de destrucción del sistema educativo a nivel nacional y provincial. Desde la reforma educativa de la década del ´90 con la Ley Federal de Educación, pasando por el doble discurso kirchnerista que planteaba una mejora sustancial con la Ley de Educación Nacional 26.206 mientras continuaba aplicando los mandatos del FMI, la debacle de la gestión de Macri y el desastre educativo del gobierno de Alberto en pandemia y pos-pandemia.
Esta realidad nacional se replica en cada una de las provincias y, por supuesto, Córdoba no es una isla y el ajuste en educación en un cuarto de siglo de gobierno del PJ es más que evidente: salarios docentes de indigencia, edificios escolares que se caen a pedazos y ponen en riesgo la vida de estudiantes y docentes, cooperadoras escolares que suplen la función que debería tener el Estado, falta de elementos básicos para desarrollar las actividades educativas.
En Córdoba el Schiaretismo, con Grahovac a la cabeza de la cartera de Educación, ha profundizado la destrucción de la educación pública tanto en lo pedagógico, como en las condiciones edilicias y el ataque al salario y a los derechos laborales de la docencia. Antes de la pandemia y sobre todo durante la misma, este ministerio profundizó el desguase de la educación, y terminó de destruir, por ejemplo, la modalidad de educación especial.
Todos hablan de calidad educativa e igualdad de oportunidades pero en la realidad desfinancian el sistema en favor del negocio de la educación privada. Desde el FIT-Unidad proponemos:
Ante la enorme crisis del sistema sanitario es urgente declarar la emergencia sanitaria y a la salud como derecho humano.
Proponemos la creación de un Sistema Único de Salud, estatal, gratuito, universal y de calidad, con políticas de prevención, promoción y vigilancia de la salud colectiva, basado en prácticas de humanización en la atención y calidad humano-técnica, financiado por Rentas Generales del Estado, con participación popular en los núcleos de decisión.
Con la declaración de la emergencia sanitaria se impondrá un inmediato aumento presupuestario con el objetivo de: otorgar a las y los trabajadores de los equipos de Salud salarios mínimos igual a la canasta familiar y capacitación con fondos estatales; destinar fondos a la ley de salud mental para que la desmanicomialización no sea un abandono del paciente; dotar de personal y aparatología necesarios al sistema actual; y la construcción de los centros de atención de diversos grados de complejidad para que la población no deba trasladarse cientos de kilómetros para recibir atención médica.
Impulsamos la producción estatal de medicamentos, sueros, vacunas, para proveer gratuitamente. Se puede garantizar realizando convenios entre los distintos estamentos públicos como la Asistencia Pública de la Municipalidad (cuenta con la infraestructura, maquinarias, para la fabricación de medicamentos), el Hospital de Clínicas (que también fabricaba medicamentos), Hemoderivados que depende de la Universidad y fabrica la Hemoglobina que es exportada. Contamos con los profesionales que son formados en la Universidad de Córdoba.
Vamos por la anulación de las leyes privatistas de la salud que crearon el sistema actual del APROSS como entidad descentralizada del poder Ejecutivo Provincial y por la inmediata creación de Seguro de Salud para todos los cordobeses, con afiliados Obligatorios y afiliados voluntarios. Necesitamos una obra social estatal, dirigida y administrada democráticamente por los trabajadores activos y pasivos, en el camino estratégico de lograr un sistema Único de Salud Estatal y Gratuito.
En Córdoba, al igual que sucede a nivel nacional, la independencia de poderes es una mentira. El Poder Judicial es un brazo del Poder Ejecutivo Provincial, es decir del poder político de turno. Así se garantiza la impunidad y la corrupción.
Desde Izquierda Socialista en el FIT-Unidad estamos convencidos de que no existe democracia si hay connivencia entre los poderes del Estado, por eso proponemos:
Ante el robo jubilatorio de Schiaretti y Hacemos por Córdoba, desde el FIT Unidad planteamos:
Derogación de todas las leyes jubilatorias de ajuste (10694, 10333 y toda modificación) volviendo a la plena vigencia de la Ley 8024, con la eliminación y/o modificación de aquellos artículos que conserven privilegios para algunos funcionarios del Estado.
Finalizar de manera inmediata con la intervención a la Caja para que ésta vuelva a manos de sus verdaderos dueños. Para ello proponemos una auditoría externa, mediante una Comisión Independiente de Notables, que en el plazo de 60 o 90 días designe un directorio democrático en el cual los representantes de los trabajadores y jubilados sean elegidos por el voto directo (con mandato revocable en caso de incumplimiento de sus funciones).
Prohibición de todo tipo de REFORMA LABORAL Y PREVISIONAL que implique pérdida de derechos y conquistas. Rechazo de tercerizaciones y precarizaciones: pase a planta permanente de todos los trabajadores del Estado Provincial y de los Entes Autárquicos quienes de manera inmediata tendrán calidad de aportantes a la Caja.
En el marco de la profunda crisis social, todos los planes deben continuar de manera paliativa, pero con la perspectiva de lograr soluciones de fondo que permitan a todas las personas acceder a una mejor calidad de vida, garantizando los derechos básicos a la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, entre otros.
PAICOR: pase a planta permanente de las trabajadoras auxiliares de PAICOR, con salario igual a la canasta familiar, a cargo del estado y no de empresas privadas. Basta de tercerizar servicios.
SALAS CUNAS y otros programas para el cuidado de la primera infancia: Pase a planta, profesionalización de quienes están en las salas cunas e ingreso por concursos, para garantizar la atención con calidad de las niñeces.
Aumentar los montos de las ayudas sociales, que hoy están por debajo de la línea de indigencia. Garantizar los fondos para ayudas sociales, de hábitat y otras, a través de la quita de subsidios a las grandes multinacionales que hoy se encuentran eximidas de impuestos.
Universalizar el boleto gratuito independiente del lugar de residencia, sin discriminar interior de capital.
El déficit habitacional es cada día más grave y afecta a toda la provincia, principalmente en las barriadas populares.
En este cuarto de siglo de gobierno peronista, la calidad de vida de cientos de familias de la provincia se ha visto disminuida y eso se refleja en el déficit y carencias habitacionales como en la gran cantidad de habitantes que no pueden acceder a la casa propia, que deben alquilar a precios exorbitantes e incluso cohabitar con sus familias de origen.
En Córdoba faltan aproximadamente 400 mil viviendas, los trabajadores y la clase media empobrecidos se ven obligados a pagar alquileres cuyos precios, al ritmo de la especulación inmobiliaria, aumentan muy por encima de los salarios.
Frente a la fragmentación, dispersión y falta de articulación de las políticas territoriales, creemos que las políticas de vivienda deben ser integrales y articuladas con los movimientos sociales urbanos, vecinos, instituciones educativas, organizaciones barriales y políticas para lograr una visión integral de las problemáticas y de las estrategias de acción.
Es urgente incorporar el concepto de “Función Social de la Propiedad” (Constitución Nacional 1994) las políticas urbanas, para reconocer que la tierra es de quien la trabaja, de quien la vive y no de los desarrollistas urbanos. Las políticas urbanas en general articulan sus decisiones desde una perspectiva que naturaliza la lógica de la renta especulativa del suelo. Se debe establecer mecanismos específicos con la lógica de eliminar las expectativas especulativas, multando la retención de inmuebles, implementando el sistema de banco de tierras, y la compra por parte del estado para su posterior redistribución.
Con el objetivo de ampliar las opciones a una vivienda digna. Se debe avanzar en el “Alquiler Social” donde la intervención del estado regule y reduzca los incrementos de costos (Mesa Paritaria), elimine los abusos en las exigencias a los inquilinos para acceder a alquilar, y garantice una buena calidad de vida.
Teniendo en cuenta la existencia de asentamientos informales urbanos y periurbanos generados en todo el país como respuesta de los sectores populares frente a las restricciones de acceso a la ciudad. El estado debe abordar esta problemática de MODO INTEGRAL. La urbanización de las denominadas “villas” o asentamientos, desde ya imprescindible no basta con solo la infraestructura urbana si no que debe estar acompañado por políticas públicas para integrar esos sectores a la ciudad: Trabajo, Educación, Salud, Espacio público.
Ante la informalidad de muchas familias respecto a la propiedad del inmueble/tierra donde habitan, se deben desarrollar políticas públicas y programas más amplios de regularización de la tierra urbana, semiurbana y rural. Políticas que reduzcan los plazos para adquirir el dominio por usucapión o prescripción.
Ley de Emergencia Habitacional ya, para prohibir desalojos en el ámbito urbano y rural.
Por un plan de viviendas populares para adquirir a tasa cero proveniente del Banco de córdoba.
Impuesto a la vivienda ociosa para liberarlas de la especulación inmobiliaria.
Con la reforma tributaria y la suspensión inmediata de la deuda pública provincial se podrían realizar planes de vivienda, generar puestos laborales, y reactivar las economías regionales, resolviendo además el enorme déficit habitacional de la provincia.
Ante las desigualdades sociales existentes en la actualidad desde el FIT-Unidad planteamos una reforma tributaria para que pague más el que más tiene, impulsando como una de las más urgentes medidas la reducción de impuestos y tarifas a trabajadores y sectores populares y tarifas sociales escalonadas acordes a los ingresos de cada familia.
Para este equilibrio de fondos y para una distribución justa y equitativa de los recursos planteamos:
Impuesto a las grandes fortunas.
Impuesto progresivo a las ganancias de las multinacionales, especuladores inmobiliarios, y empresas vinculadas al agro negocio.
Suspensión del pago de la deuda externa provincial.
La deuda cordobesa es parte de la deuda externa provincial y Córdoba es una de las provincias más endeudadas. Venimos denunciando de que la deuda pública provincial es millonaria, en dólares, impagable y ha sido utilizada para la obra faraónica de campaña electoral, para el beneficio de los grandes desarrollistas urbanos y las mega empresas de construcción y no para dar solución a las verdaderas y urgentes necesidades del pueblo trabajador.
La deuda pública de la provincia de Córdoba, según el último dato oficial es de 2.500 millones de dólares, el 93% de esa deuda es en dólares. Esto implica que ante cualquier devaluación como la que vivimos hoy o si llegase a haber una devaluación fuerte, esa deuda en millones de dólares podría duplicarse.
Todo esto va en desmedro de la calidad de vida del pueblo trabajador de Córdoba, de amplios sectores populares que no acceden a la vivienda, a la salud, a una educación de calidad, a derechos básicos como el de comer y vestirse.
Creemos que es fundamental, en primer lugar, la suspensión inmediata de toda la deuda que haya contraído el gobierno de la provincia de Córdoba. Y proponemos no solamente suspender los pagos de capital e intereses sino también avanzar con la reforma tributaria para que pague más quien más tiene, y así poder llevar adelante la resolución de los males estructurales de Córdoba en cuanto a salario, jubilaciones en baja y la necesidad de combatir el hambre y las desigualdades sociales.
En primer lugar daríamos prioridad a la construcción de los planes de viviendas populares con toda la infraestructura necesaria, no solamente de servicios sino también de Educación y de Salud.
Implementaríamos la reparación inmediata de todas las escuelas que hoy se caen a pedazos y la construcción de nuevas escuelas en aquellos lugares donde el servicio educativo es necesario y no existe o funciona en lugares prestados o en otros edificios no aptos, previo relevamiento y censo de todos los barrios y de todos los departamentos de la provincia para poder desarrollar la infraestructura escolar de acuerdo a las necesidades de las distintas localidades.
En materia de salud: realizaríamos el mismo proceso con los hospitales y centros de atención médica, previo censo en toda la provincia. De esta manera se evitaría el traslado de pacientes de lugares remotos a lugares más céntricos u otras ciudades.
Consideramos que vivienda, escuelas, hospitales, vías de acceso y la mejora sustancial en infraestructura en las barriadas populares, constituyen la obra pública prioritaria, una necesidad urgente y nada tiene que ver con las obras faraónicas de campaña electoral a la que se ha dedicado durante todos estos años el gobierno de Schiaretti.
Para nosotros la obra pública en manos del Estado es parte de nuestro plan económico alternativo para la generación de trabajo con derechos que permita terminar con la desocupación, resolver el grave problema de vivienda, reactivar la economía, el comercio y los servicios.